Argentina envejece y la crisis ya es urgente

Por Malena Garré

La Argentina envejece. Y lo hace de manera acelerada. Lo que durante décadas fue presentado como una cuestión exclusivamente demográfica hoy constituye uno de los mayores desafíos sociales, jurídicos y políticos del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), más de 7,4 millones de personas tienen actualmente más de 60 años, lo que representa el 16,2% de la población total. Las proyecciones indican que hacia 2040 las personas mayores superarán numéricamente a los menores de 14 años. La llamada “gerontoglobalización” —el envejecimiento sostenido de las sociedades a nivel mundial— ya no es un fenómeno futuro: es una realidad presente.

Sin embargo, el envejecimiento en Argentina no ocurre en condiciones de igualdad ni de protección adecuada. En particular, las mujeres mayores enfrentan una situación de especial vulnerabilidad. El fenómeno conocido como “feminización del envejecimiento” muestra que, a medida que avanza la edad, la presencia femenina aumenta significativamente. Las mujeres representan el 57,4% de las personas mayores de 60 años y llegan a constituir dos tercios de quienes tienen más de 80 años.

Pero vivir más no significa necesariamente vivir mejor. Muchas mujeres mayores atraviesan la vejez en condiciones de soledad, viudez y precariedad económica. Las desigualdades estructurales acumuladas durante toda la vida —menores salarios, tareas de cuidado no remuneradas, informalidad laboral y dificultades de acceso al empleo registrado— impactan directamente en jubilaciones más bajas y mayores niveles de dependencia económica. Mientras la mayoría de los varones accede a jubilaciones contributivas completas, una gran cantidad de mujeres depende de moratorias previsionales para obtener cobertura mínima.

La situación económica general agrava este escenario. Informes recientes del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina revelan que el 50% de las personas mayores no logra cubrir adecuadamente sus necesidades básicas con sus ingresos mensuales. A ello se suma el incremento constante del costo de medicamentos, alimentos y servicios esenciales. En muchos casos, la subsistencia cotidiana depende del endeudamiento, de la ayuda familiar o de redes comunitarias informales.

En paralelo, el sistema de cuidados evidencia profundas falencias estructurales. Argentina carece de un sistema nacional unificado de cuidados gerontológicos de larga duración. La regulación de residencias y establecimientos para personas mayores se encuentra fragmentada entre provincias y municipios, generando enormes desigualdades territoriales en materia de habilitación, fiscalización y estándares mínimos de atención.

El principal organismo de cobertura sanitaria para personas mayores, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados —conocido como PAMI— concentra la atención médica de más del 75% de este sector poblacional. No obstante, el sistema funciona en gran medida mediante convenios y tercerizaciones con prestadores privados, lo que muchas veces dificulta el control efectivo de las prestaciones. Las demoras en autorizaciones, los recortes en insumos básicos y las trabas burocráticas obligan frecuentemente a judicializar tratamientos médicos, medicamentos o internaciones.

Politicas de ciudado y vejez digna

La crisis del cuidado también tiene una dimensión de género. Cuando el Estado y las instituciones fallan, el peso del acompañamiento cotidiano recae mayoritariamente sobre las mujeres de la familia: hijas, esposas, hermanas o cuidadoras informales que sostienen tareas físicas, emocionales y económicas sin reconocimiento suficiente.

A ello se suma otra realidad muchas veces invisibilizada: la violencia contra las personas mayores. Datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran que entre el 7% y el 10% de las denuncias recibidas corresponden a personas mayores, siendo las mujeres las principales víctimas. Ocho de cada diez casos afectan a mujeres mayores y, en más de la mitad de las situaciones, los agresores son sus propios hijos o hijas.

La violencia tampoco se limita al ámbito familiar. Existen múltiples denuncias vinculadas a instituciones geriátricas y establecimientos de larga estadía donde se verifican negligencias, abandono y vulneraciones graves a la dignidad humana. Aunque el Estado tiene la obligación de controlar y supervisar estos espacios, las inspecciones y mecanismos de fiscalización resultan insuficientes.

Frente a este panorama, el envejecimiento no puede seguir siendo abordado únicamente desde una lógica asistencial o sanitaria. La vejez es una cuestión de derechos humanos. La Organización de los Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada por Argentina mediante la Ley 27.360, que reconoce derechos vinculados a la autonomía, el cuidado, la salud y la dignidad.

El desafío no es solamente vivir más años, sino garantizar que esos años puedan transcurrirse con igualdad, autonomía y protección efectiva. En una sociedad que envejece aceleradamente, seguir invisibilizando estas problemáticas implica aceptar que millones de personas atraviesen la última etapa de sus vidas en condiciones de exclusión, abandono o violencia. La discusión sobre la vejez ya no pertenece únicamente al futuro: es una urgencia del presente.